En el marco del proceso de socialización de la Ley de Cultura, la Subsecretaría Regional Centro Oriente-Tena, el día miércoles 27 de enero del 2010, realizó un taller de socialización de Ley de Cultura al que asistieron 60 jóvenes estudiantes representantes de las Ligas Estudiantiles de los Colegios:

Se trataron temas específicos  en la que los jóvenes pudieron conocer sobre: el proceso de construcción de la Ley, institucionalidad, espacio público, recursos, participación social,
educación, derechos laborales, memoria social y patrimonio, derechos culturales y el Sistema Nacional de Cultura.

A la vez la juventud hizo llegar sus requerimientos a la Subsecretaría de Cultura como por ejemplo: que se incluya una hora cultural en el pénsum de estudios, que se incentive el idioma Kichwa en los jóvenes, espacios deportivos y recreativos; los  que serán tomados muy en cuenta para realizar un trabajo coordinado con cada una de las ligas estudiantiles de los colegios participantes.

Con este taller la Subsecretaría de Cultura promueve el conocimiento de la Ley de Cultura, incentiva la participación de los actores locales y facilita los espacios para que la juventud pueda expresarse en el ámbito cultural.

El encuentro entre asambleístas y organizaciones ciudadanas se realizó ayer con el fin de tratar sobre el proyecto de Ley de las Culturas que se encuentra en análisis para el segundo informe de la Comisión Especializada de Cultura de la Asamblea Nacional. En el evento participó como invitado el Viceministro de Cultura, Francisco Salazar.

Bajo el lema “Escucha asambleísta: mi voz hace cultura, mi voz es cultura”, inició la cita en la Asociación de Barrios del Sur con la participación de Nelson Ullauri de la Red Cultural del Sur, quien dio la bienvenida y resaltó la participación ciudadana que ha habido en el proyecto presentado al legislativo y felicitó que ese ánimo se mantenga por parte de los asambleístas presentes. 

Las intervenciones de los representantes de los colectivos culturales marcaron el énfasis en al menos tres temas: la interculturalidad, el espacio público y la institucionalidad. Aspectos en los que destacaron la necesidad de reconocer la diversidad cultural del país más allá de la diferencia étnica, de pueblos y nacionalidades, porque las identidades de las culturas urbanas y otras merecen igualdad de condiciones y oportunidades.

Así, Daniel Cali del grupo GLBTI manifestó que “todos merecemos tener un espacio y reconocimiento para compartir con todas las culturas, de igual a igual, y la Ley debe garantizar aquello”. En el mismo sentido, Daniel Pazmiño de Al Sur del Cielo, expresó “que las culturas urbanas no son consideradas como referentes de identidad cultural”, y cuestionó que se trate de hacer de la interculturalidad una institución, similar a lo que ha ocurrido con la Educación Intercultural Bilingüe, limitada a tratar ciertas lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas.

También fue importante la crítica al uso y acceso a los espacios públicos. Diego Brito del movimiento rockero se refirió a cómo los gobiernos locales limitan el acceso a  los espacios “no sólo al impedir el uso sino al no dar garantías para que los jóvenes tengamos lugares seguros. Además, los impuestos imposibilitan hacer un concierto, a menos que sea espectacular y masivo”.

David Hinojosa del grupo de cumbia La Vagancia dijo que “la Ley debe reforzar los espacios para los jóvenes. Se nos limitan los espacios y los recursos”.  Al topar este tema, varios de los presentes alzaron la protesta contra la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE). “Esta institución poco o nada ha hecho, sólo se hacen homenajes a reducidos grupos y sus instalaciones se alquilan”, dijo Eduardo Puente de la FLACSO. Juan Manuel Valencia de la organización de teatreros Asoescena, recalcó que la CCE requiere “un replanteamiento profundo porque no tiene una política de acceso a los espacios”. Este artistas demás, recalcó la necesidad de que la seguridad social para los artistas y gestores culturales tenga una contraparte del Estado.

Los asambleístas asistentes fueron Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz, Aminta Buenaño, Marisol Peñafiel, Julio César Ojeda y los asesores Ramiro Oviedo (asambleísta Gerardo Morán), Margarita Carranco (asambleísta Paco Moncayo), Renato Ruicona (asambleísta José Picoita), Cecilia Ramírez (asambleísta Edwin Vaca), Rebeca Carvajal, Gladis Peñafiel, Geovanny Heredia y Eloy Alfaro.

De los grupos urbanos estuvieron: l aRed Cultural del Sur, Asociación de Barrios del Sur, Movimiento GLBTI, Resistencia Rumiñahui, Movimiento Hip Hop, La Totora, Asoescena, Telón de Acero, Taller La Pirueta, El Pintado, Escuela Andina Amauta, Balet Ecuatoriano Quitus, Colectivo 27, Daquilema, Lado Sur, Rocker Magazine, Espacios Claves, Atrapasueños, Tranvía Cero, Grupo La Playa, Asoescena, Grupo Yaku, GLBTI, entre otros.

Tomado de: asambleanacional.gov.ec

Asambleístas de diversas bancadas legislativas defendieron el carácter intercultural, plurinacional y multiétnico del Estado ecuatoriano, que debe estar amplia y debidamente desarrollado en la Ley Orgánica de Culturas, tramitada en primer debate por el Pleno.

Entre las principales observaciones formuladas durante la sesión 20, se destacan los llamados a fortalecer las normas constitucionales respecto de los derechos de la niñez ecuatoriana, las identidades contemporáneas; incluir en la normativa a los jóvenes de los institutos de arte y conservatorios del país, en aras de apoyarles para potenciar sus dotes artísticas, así como crear incentivos para evitar el excesivo pago de impuestos en la adquisición de instrumentos musicales.

En cuanto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, existieron varios criterios respecto de su estructura jurídica. Unos creen que no debe estar adscrita al Ministerio del ramo y, por tanto, que se mantenga como una institución autónoma en lo administrativo y financiero, otros, en cambio se pronunciaron por garantizar su autonomía, pero con la obligatoriedad de que rinda cuentas de sus actos.

También hubo voces que justificaron el carácter de orgánica otorgado a esta ley, no solo porque crea instituciones y organismos vinculados con la actividad cultural, sino porque desarrolla los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República a todos los ciudadanos y ciudadanas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Se puso énfasis, además, en el financiamiento para el sector cultural, de manera que se preste apoyo a la gestión cultural en todos los ámbitos, a fin de que el productor nacional tenga posibilidades de promover sus manifestaciones artísticas a nivel nacional e internacional.

El proyecto, que contiene 81 artículos, tres disposiciones generales, dos transitorias y ocho derogatorias, se sustenta en los principios de autonomía de las culturas; fomento de la interculturalidad; participación social, complementariedad, contribución de las culturas al desarrollo sostenible y sustentable; prioridad de la producción independiente e industrias culturales; apertura, integración, reciprocidad y cooperación, así como la acción afirmativa destinada a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos culturales a colectivos que se consideren en situación de desigualdad real.

La normativa establece que los derechos culturales son inherentes a la dignidad humana, forman parte de los derechos fundamentales y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Entre los principales se reconocen el derecho a la identidad cultural, a la libertad de creación, al ejercicio de las actividades culturales y artísticas, a la memoria social y patrimonio cultural, a saberes ancestrales y ceremonias rituales, a la participación y el espacio público, la planificación pública descentralizada, a la cogestión y a la reparación por violación de los derechos.

Según el documento, las políticas culturales estarán orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo de los principios constitucionales para el pleno ejercicio del sumak kawsay o buen vivir. El Estado, a través del Ministerio del Ramo, los institutos y las entidades que conforman el sistema de cultura establecerán el financiamiento para el desarrollo de las actividades artísticas, artesanales y culturales, investigación y fortalecimiento en sus expresiones. Para la asignación de los recursos se considerará el siguiente orden de prioridad: personas con discapacidad; niñas, niños y adolescentes; adultas y adultos mayores; comunidades; pueblos y nacionalidades; artesanos; organizaciones de las mujeres; y, otros actores de la sociedad que no hayan tenido acceso a las actividades culturales promovidas por el Estado.

Igualmente, estas políticas estarán encaminadas a afirmar el Estado intercultural y plurinacional, así como a promover el respeto y la visibilidad de las identidades diversas que conforman la nación.

En este sentido, se reconoce como sujetos y actores de las culturas del país a las siguientes nacionalidades y pueblos: en la Costa, Awá, Chachi, Épera, Tsáchila y Manta Huancavilca; en la Sierra, Karanki, Natabuela, Otavalo, Imantag, Kayambi, Angochawa, Cotacachi, Cochaski, Kitu Kara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaka, Tisaleo, Kisapincha, Pilawi, Tomabela, Waranka, Cacha, Chambu, Lictu, Calpi, Colta, Sicalpa, Columbe, Galti, Tikisambi, Achupallas, Kañari y Saraguru.

En la Amazonía, Cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiar, Záparo, Achuar, Shuar, y Kichua de la Amazonía. Pueblo Afroecuatoriano y Montubio en la costa y subtrópico del país y la población mestiza a nivel nacional. Los pueblos que con posterioridad cumplan con el proceso de redefinición y reconstitución en el territorio nacional, podrán ser considerados en el ejercicio de sus derechos culturales.

Las observaciones planteadas por los asambleístas serán enviadas a la Comisión Ocasional de Cultura a fin de que sean analizadas, procesadas y sistematizadas, durante los próximos 45 días, para la posterior elaboración del informe previo al segundo debate.

EG-JLVN